Perder el empleo no implica sólo quedarse sin ingresos. Para quienes viven con VIH, significa también perder la el acceso al tratamiento. El sistema de salud deberá garantizar la atención médica de estas personas.
Mario Alberto Reyes
En México, la crisis financiera puso en alerta a organizaciones civiles dedicadas a la respuesta al VIH/sida. Los potenciales recortes en el presupuesto gubernamental las mantienen al tanto de las posibles repercusiones en la atención y calidad de vida de quienes viven con el virus y además han perdido su empleo debido a la inestabilidad económica.
De acuerdo con el Informe sobre inflación abril-junio de 2009, del Banco de México (BdeM), la recesión de la economía mexicana es más profunda de lo que se había previsto. El organismo anticipó que para este año el Producto Interno Bruto se contraerá 7.5 por ciento. Tal reducción provocará, tan sólo en 2009, la desaparición de 735 mil empleos formales, el doble de los creados en los dos primeros años de la administración calderonista, cuyo número, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue de 335 mil plazas.
La incapacidad mostrada por los recientes gobiernos de México para enfrentar la recesión mundial ha ocasionado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su reporte Estudio económico de México 2009, califique el crecimiento de la economía nacional en las últimas dos décadas como “decepcionante”, además de que en la población persiste un lento avance de los indicadores de bienestar.
Para Luis Adrián Quiroz, presidente de la organización civil Derechohabientes Viviendo con VIH/sida del IMSS (DVVIMSS), las consecuencias de los despidos se harán visibles una vez que concluya la prórroga otorgada por el IMSS para continuar brindando seguridad social a quienes perdieron su empleo en los primeros meses del año.
“Viene la parte más dura: calculamos que 3 mil personas VIH positivas deberán incorporarse de manera inmediata a los servicios de la Secretaría de Salud, lo que elevaría el número de esquemas de tratamiento que debe otorgar esa dependencia”.
El activista señala que la capacidad de la Secretaría de Salud, del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida), y de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), está en entredicho, pues la compra de medicamentos contra el sida para 2009 fue 30 por ciento menor que el año anterior.
“A pesar de que hubo una negociación de precios con la industria farmacéutica, las compras disminuyen aludiendo que hay grandes cantidades en los almacenes de los Capasits. ¡Eso es falso! El gobierno solamente compró alrededor de 16 mil 500 esquemas de tratamiento, menos de los 24 mil requeridos para todo el año”.
El dirigente de DVVIMSS advierte que el número de personas con VIH en México podría superar, hasta por 180 mil casos, al conteo más reciente del Censida, que asciende a 220 mil.
La preocupación de Quiroz Castillo no parece menor si se toma en cuenta el informe La crisis económica global y los programas de prevención y tratamiento del VIH: vulnerabilidades e impacto, elaborado por el Banco Mundial y el Onusida. Tras una recopilación de datos efectuada en marzo pasado en 71 países, el análisis evalúa cómo la crisis económica podría afectar a los cerca de 4 millones de personas VIH positivas con tratamiento antirretroviral (ARV), así como a los 7 millones que lo requieren pero que no pueden conseguirlo. Advierte que la ayuda de los donantes o no se incrementará o incluso será recortada, aunado a que los ingresos financieros de las naciones sudesarrolladas disminuirán.
El informe asegura que durante las crisis anteriores se aprendió que los recortes a los gastos para el desarrollo social tienen efectos negativos a largo plazo. “Responder a las dificultades económicas reduciendo el gasto destinado al VIH hará retroceder los logros más recientes y requerirá medidas para compensar esta situación que serán muy costosas a largo plazo”.
¿Tratamientos en riesgo?
De acuerdo con datos del Censida, cerca de 45 mil personas en el país reciben terapia ARV. En entrevista con Letra S, José Antonio Izazola, director del organismo, asevera que de los mil 331 millones de pesos (mdp) asignados como presupuesto al Censida para todo el año, mil 9 mdp son para la compra de ARV, 219 mdp para la realización de pruebas de seguimiento (carga viral, conteos de CD4 y genotipo) y el resto para gastos operativos.
Para el funcionario, las negociaciones con la industria farmacéutica efectuadas en 2008 fueron “una cuestión exitosísima”, puesto que se obtuvo la reducción de precios para todo el sector Salud y se ahorraron 182 mdp, utilizados para hacer una compra anticipada de ARV. Además, al pactar de manera adelantada los precios que se pagarán del 1 de abril de 2009 al 31 de marzo de 2010, el sistema de salud se ahorró 400 mdp.
Sobre las consecuencias de la crisis en la atención del VIH/sida, el titular del Censida descartó que haya grandes repercusiones, al menos en lo financiero, pues México recibe sólo 1 por ciento del gasto para sida de fondos internacionales, y aseguró que el abasto de ARV está garantizado para quienes los reciben y para quienes puedan requerirlos tras haber perdido la seguridad social.
“Cuando una persona pierde su empleo, no tiene seguridad social; en el caso del VIH, si la persona requiere ARV, nosotros ( la Secretaría de Salud) debemos proporcionárselos. Al respecto ya hicimos un estimado de cuántas personas vendrían al sistema público de salud. Aunque no sabemos cuántos de quienes pasaron al desempleo en el primer semestre del año viven con VIH, todos tienen un periodo de seis meses para recibir ARV. Así, pensamos que 10 por ciento de todos los desempleados no recuperará un empleo formal al menos en un periodo de 12 meses. Ese sería el porcentaje que recurriría a los servicios del sector Salud, incluyendo a las personas afectadas por la epidemia”.
Convencido, Izazola rechaza que haya una liga directa entre la pobreza y la adquisición del VIH, y cita encuestas poblacionales elaboradas por el Onusida en diversas partes del mundo que señalan que la mayor prevalencia de la epidemia no está entre los más pobres, ni en los desempleados, ni en quienes tienen menores grados de escolaridad.
El problema, dice, es que la pobreza dificulta las acciones de prevención por lo que se requiere, mediante programas de mercadeo social, hacer llegar condones a las poblaciones clave conformadas por hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas inyectables, trabajadoras del sexo comercial, y personas privadas de su libertad.
Sobre la cifra de 220 mil personas con VIH que oficialmente estima el Censida y que algunos activistas han puesto en duda, Izazola dijo desconocer los modelos matemáticos y epidemiológicos que utilizaron, y destacó los métodos de estimación usados por el organismo en convenio con agencias internacionales.
Desempleo deteriora la vida de VIH positivos
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de junio de 2008 al mismo mes del 2009, el IMSS notificó un descenso de casi 602 mil asegurados y, aunque no puede saberse con exactitud cuántos desempleados viven con VIH, al menos en la ciudad de México un indicador lo tiene la Clínica Especializada Condesa. Al respecto habla la encargada del Programa de VIH/sida en el Distrito Federal, Andrea González:
“Al 1 de enero de este año, en el DF el IMSS tenía asegurados a 2 mil 500 trabajadores con VIH, y había otros 530 del ISSSTE. De esa fecha y hasta el pasado 25 de julio, la Clínica Condesa había recibido a 443 personas que perdieron la seguridad social, aunque no todos provenían de la capital, sino también de otras partes del país, pasando a formar parte de los 5 mil 500 usuarios que reciben terapia antirretroviral”.
Sólo en el primer semestre de 2009, la Clínica Especializada Condesa ha detectado 500 nuevos casos de VIH, a cuyo servicio de detección acuden semanalmente cerca de 200 personas.
Por su parte, Patricia Campos, Jefa de la Oficina para América Latina de Aids Healthcare Foundation, organización internacional que pugna por la disminución de los precios de los ARV en varios países del mundo, considera una ventaja que el acuerdo entre el gobierno mexicano y la industria farmacéutica alcanzado en 2008 esté fijado en pesos y no en dólares, por lo que aconseja a las autoridades “no bajar la guardia y evitar así que cambien las reglas del juego”.
Ante este escenario, José Antonio Izazola advierte que en un contexto de crisis económica la respuesta al VIH deberá enfocarse en dirigir el gasto preventivo, calculado en 30 mdp, a las poblaciones clave.
“Ahí es justamente donde hay que enfatizar para hacer prevención focalizada. No son 30 millones para apoyar a las organizaciones civiles, hay varias que están enojadas porque no recibieron apoyo para su desarrollo institucional. Se trata de presupuesto en prevención y no para fortalecer a la sociedad civil”.
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